La historia de Colombia muestra que la apuesta por la paz es, cuando menos, incierta. A lo largo de
nuestra vida republicana, el ruido de los fusiles y el silencio de los camposantos han acallado la idea de una
sociedad que tiene la capacidad de resolver sus conflictos de forma pacífica.
La práctica de eliminar al contrario como mecanismo de imponer la propia voluntad se remonta, cuando menos, a las guerras civiles del siglo xix. Durante este periodo, los espacios en los que se ha logrado una convivencia pacífica entre los colombianos han sido mucho más pequeños que los periodos en los que existe alguna conflictividad.
Pero el primer problema que se enfrenta al abordar esta problemática es el consenso acerca de lo que significa la construcción de paz en Colombia. El resultado final, la ausencia de conflictividades armadas, es claro. Sin embargo, ¿debería primar el castigo de los violentos sobre la reconciliación? ¿El ejercicio de la justicia debe ser mediante mecanismos ordinarios o extraordinarios? ¿Se debe pensar más en resarcir a las víctimas actuales que en las víctimas futuras? ¿Se debe buscar la paz por medio del diálogo y la negociación, o se debe buscar la imposición de la fuerza legítima del Estado? Esas y otras preguntas han estado presentes en el debate sobre el problema de la paz, y con especial fuerza desde la instalación de los diálogos con las
Farc que culminaron con los Acuerdos del Teatro Colón.
Estas tensiones y debates se reflejan con fuerza en la Comisión de Paz del Senado de la República. Conformada por cuarenta senadores de diferentes partidos y grupos políticos, y con diversas posturas políticas e ideológicas sobre la construcción de paz en Colombia, en esta comisión de carácter accidental se viene desarrollando un trabajo por encontrar los consensos necesarios que permitan pensar una política de paz de largo plazo respaldada por la acción legislativa, reflejada en mejores leyes y debates de control político, más allá de las agendas de gobierno y de las visiones particulares que se tienen sobre el concepto.
La cotidianidad de la Comisión refleja la vertiginosa realidad con la que lidia. La senadora Aida Avella afirma que
el trabajo de la Comisión es de los más interesantes que hay, primero porque generalmente no tiene un orden del día aprobado previamente. La Comisión de Paz es muy dinámica porque es sobre hechos que se están presentando muy duros. Por ejemplo, se puede discutir sobre las masacres, los asesinatos selectivos,
sobre las amenazas, que son enormes en este país.
Y estos hechos nos preocupan, porque, naturalmente en un país que está en un proceso de paz, estos hechos deberían detenerse. Pero, como se ve, es lo contrario. Por eso, algunos de los miembros de la Comisión no todos, porque allí también tienen asiento senadores cercanos al Gobierno consideramos que este Gobierno no quiere oír a los sectores populares.
Y es que el trabajo de la Comisión refleja, en últimas, diferentes posiciones antagónicas que se tienen en el país sobre lo que se entiende por el acuerdo de paz y la manera como debe conseguirse.
Esta dinámica implica para la Comisión un esfuerzo adicional, pues las políticas de paz emanadas por el Ejecutivo no enfrentan la construcción de consensos en medio de la diferencia, que en muchas ocasiones es de carácter antagónico.
Pero, adicionalmente, refleja la ausencia sobre el consenso acerca de la concepción misma de paz. Para algunos senadores, la paz implica el control territorial de las fuerzas del Estado, para otros, la construcción de diálogos que permitan el desarme de los grupos armados. La senadora Avella lo define de una forma más estructural: “La paz no es solamente el silencio de los fusiles, es el bienestar de la gente”.
Y en un país que ha venido construyendo la paz en procesos fragmentados, la definición de paz se vuelve importante. Pero, además, la lectura misma de los procesos y el estado actual en el que nos encontramos, previendo en el futuro nuevos diálogos. Para el senador Antonio Sanguino, del Partido Verde:
Nosotros estamos en el final de una guerra de más de cincuenta años. La característica de la paz colombiana es que es una paz fragmentada con acuerdos parciales Inicialmente, se dieron unos procesos de paz en los noventa con el M-19, el epl y otros grupos; y por cada grupo se hizo un acuerdo de paz. Luego de diez años después se dio una paz o una desmovilización de los paramilitares. Y cada ciclo de paz desmonta unos factores de violencia pero siguen manteniéndose otros.
Ahora más recientemente, llegó la paz con las Farc, pero estructuralmente estamos en el fin de la guerra. Así que no hay otra alternativa que una negociación de paz con el eln que permita una posibilidad de una tregua y una negociación.
Y, por supuesto, significa no solo desarmar los ejércitos ilegales e irregulares, sino también un compromiso del Estado en la implementación de los acuerdos para que la violencia que desmontamos hoy no vuelva y no se recicle en nuevas violencias.
Una de las principales preocupaciones que se dan entre los miembros de la Comisión es precisamente el resurgir de las diferentes formas de violencia. En ese sentido, surge una pregunta que determina el accionar de la Comisión desde el control político al Ejecutivo desde el Legislativo: ¿Cuál es la valoración que se puede hacer de la política de paz del Gobierno, por un lado, desde la implementación de los acuerdos, y, por otra parte, en la garantía de los derechos de las personas en los territorios afectados hoy por la violencia?
Para el senador Roy Barreras, una de las voces más críticas al Gobierno del presidente Duque:
Cuando en estos dos años de gobierno se han incrementado los asesinatos de líderes sociales, de reincorporados que van más de 220 personas que le apostaron a la paz que han sido asesinadas, desarmadas, y cuando reaparecen las masacres de las épocas del paramilitarismo inclusive las más atroces, como la de San Alejo en Nariño, donde fueron fusilados jóvenes, estudiantes inocentes, o la de Cali, donde cinco meno res de edad fueron asesinados también, pues entonces está claro que el Gobierno no tiene ni voluntad ni capacidad de proteger la vida de los colombianos. Hay zonas de Colombia que están en manos de los grupos ilegales, lo que implica no solamente el fracaso de la paz, sino el fracaso de la seguridad en manos de un gobierno que lleva dos años al mando y en el que se han incrementado los grupos ilegales, han aumentado los miembros del eln, de las disidencias, del Clan del Golfo, de los distintos grupos armados ilegales, lo que significa la incapacidad del Gobierno para controlar el territorio.
Está claro que un gobierno que en campaña prometió hacer trizas la paz y ha hecho lo posible por lograrlo, que arrancó su gobierno presentando unas objeciones a la jep que hicieron perder un año en su implementación; y que además en su agenda se ha negado a desarrollar el acuerdo de paz en temas fundamenta les como el punto número uno sobre desarrollo rural integral, o la reforma política para arrancar el clientelismo de raíz y profundizar la democracia, o el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (pnis), que es mucho más eficaz que los fracasados programas de fumigación o los violentos programas se sustitución forzada, no está siento la implementación del acuerdo ordena. Algunos funcionarios hacen lo que pueden con la escasez de los recursos, pero con muy escasa voluntad del Gobierno central.
En todo caso, la postura no es uniforme. La Comisión de Paz refleja diferentes posturas políticas e ideológicas, y precisamente es la existencia de esta diversidad lo que mantiene vivo el debate y la necesidad de construir consensos en medio de la discusión y las posiciones antagónicas.
La paz es una problemática que se debate a nivel nacional y tiene diferentes posturas. A lo largo de este tiempo, al menos se ha logrado un principio de acuerdo en un punto dentro de la Comisión: el país y sus habitantes no pueden seguir aguantando los estragos de la violencia, y debe buscar mecanismos para garantizar la vida y la dignidad a sus ciudadanos. Porque la paz, en últimas, sigue estando
en fase de construcción.
