Editoriales
Convergencia por Colombia,
propuestas
ciudadanas
para construir nación
Dolly Montoya Castaño
Rectora de la Universidad Nacional de Colombia
Los problemas estructurales que nos han afectado du-rante décadas y que se agudizaron con la pandemia acentuaron las problemáticas económicas, políticas, medioambientales, y las dificultades de acceso a una salud y educación públicas de calidad y al alcance de todas y todos. Las recientes protestas y la incertidumbre social que venimos afrontando hicieron replantearnos nuestras responsabilidades con la sociedad y el planeta.
A partir de un liderazgo colectivo y transformador, universidades públicas y privadas reunimos nuestros conocimientos y experiencias, producto de años de análisis e investigaciones, desarrollados por nuestras profesoras y profesores, estudiantes de pregrado, maestría y doctorado. La actual crisis reafirmó nuestro espíritu de cooperación y solidaridad, para poner a disposición del país nuestro compromiso cívico e institucional y trazar una hoja de ruta capaz de responder de manera propositiva e incluyente a las distintas problemáticas que afronta nuestro país.
A través de Convergencia por Colombia, convergenciacolombia.unal.edu.co/, hemos adelantado una serie de diálogos constructivos con distintos sectores sociales y en diferentes regiones y territorios del país. Le hemos dado voz a las comunidades y con ellas intercambiamos ideas para construir de manera conjunta propuestas capaces de responder a las necesidades de personas que han perdido a sus familias, sus modos de subsistencia y la ilusión de vivir en un país más justo, equitativo e incluyente.
Nuestra iniciativa universitaria se ha concentrado en nueve ejes transversales que corresponden a los problemas más urgentes que hemos encontrado a través de estos diálogos, de manera que podamos darles soluciones a corto, mediano y largo plazo, de la mano de las comunidades y los distintos sectores sociales e institucionales del país.
- La Constitución de 1991 es la carta de navegación para el fortalecimiento de nuestra democracia, y en ella están consignados los valores y principios que nos permiten desarrollarnos como sociedad. Sin embargo, una de nuestras grandes deudas históricas, treinta años después de la promulgación de este gran pacto social, es su apropiación y plena implementación.
Uno de los derechos que consagra la Carta Magna
es el de la protesta social. Las graves violaciones a los derechos humanos que se registraron durante las recientes protestas en nuestro país son un fuerte llamado de atención para que tomemos medidas que nos permitan garantizar este legítimo mecanismo de participación social, y reconocer el derecho a la vida y a la dignidad como principios universales que debemos defender con vehemencia y profunda convicción ética y humanista.La grave situación climática y ambiental que cada vez se acentúa más en el planeta, y que según diversos estudios científicos será particularmente adversa en países como el nuestro, es una problemática que debemos asumir de manera urgente, con el fin de buscar alternativas a nuestra economía esencialmente extractivista. Establecer un nuevo modelo económico basado en el desarrollo sostenible y sustentable, y una mayor consciencia sobre la importancia de preservar nuestro medio ambiente y las distintas formas de vida es, en síntesis, nuestra propuesta del Pacto por la vida.
La Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015 permitiría corregir muchas de las graves inequidades que presenta nuestro sistema de salud desde hace décadas, con el fin de garantizar el acceso a la salud pública individual y colectiva como un derecho universal. No obstante, las continuas modificaciones que se le han hecho, hacen indispensable su plena implementación, recuperando la esencia que inspiró las urgentes transformaciones de un sistema que privilegia el lucro de empresas particulares por encima del bien común y el interés colectivo, tal como lo evidenció la pandemia.
- La inequitativa Reforma Tributaria que se propuso en medio de la actual crisis sanitaria, social, económica y ambiental, desencadenó protestas sin precedentes en la historia del país. Nuestra propuesta es la de adelantar un Pacto Fiscal que permita un desarrollo económico y social incluyente, como lo reflejan los países que han alcanzado un mayor nivel de bienestar, gracias a políticas sociales, económicas y medioambientales, que permitan construir un país con igualdad de oportunidades para todas y todos.
- Los recientes Acuerdos de Paz son reconocidos internacionalmente como un referente de la resolución de conflictos en el mundo. Su plena implementación permitirá avanzar en la consolidación de un paz estable y duradera, indispensable para afrontar los múltiples retos y desafíos que se avecinan. Para ello resulta fundamental sanar las heridas que nos ha dejado el conflicto armado, a partir de la consolidación de un sistema integral que garantice la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de hechos violentos, así como una distribución más equitativa de las tierras para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible y sustentable.
- Nuestra Constitución consagra a la Educación como un derecho que requiere del esfuerzo y trabajo colectivo entre el Estado y la sociedad, con el fin de garantizar el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los bienes y valores de la cultura. Nuestras universidades tienen el firme compromiso de continuar haciendo realidad estos loables propósitos, de tal manera que cada vez más jóvenes cuenten con una formación integral que les permita hacer parte del sistema de educación superior para desarrollar sus proyectos de vida y aportar sus conocimientos y experiencias a la solución de las problemáticas de sus comunidades, territorios, del país y del mundo.
Llevar la paz de los escritorios a los territorios es un proceso de largo aliento que requerirá del esfuerzo colectivo de todas y todos; para hacerlo posible es indispensable un cambio cultural que nos permita doblar la página de la violencia para encaminarnos hacia una senda de progreso y alcanzar el pleno desarrollo de nuestras comunidades y
de la nación.
La labor legislativa es una responsabilidad cívica que requiere de un profundo conocimiento del país, de sus territorios y de sus distintas realidades. Nuestras
universidades, comunidades académicas y científicas continuamos en la mejor disposición de trabajar junto con ustedes para hacer de Colombia la patria grande con
la que todas y todos soñamos. Una convergencia entre la Universidad y el sector político del país es necesaria como lo muestran los nueve puntos de construcción colectiva de
nación que hemos presentado.
Cooperación Congreso y la academia
Gregorio Eljach Pacheco
Director del Centro de Altos Estudios Legislativos (Cael)
Secretario general del Senado de la República
La alianza con la Universidad Nacional y el Congreso de la República a través de CAEL es la unión de dos de las instituciones más importantes de la vida republicana y la construcción de nación en Colombia. Desde las aulas centenarias de la academia, se han buscado diferentes formas de unir el país a través de una academia comprometida con el desarrollo nacional y con la solución de todas las problemáticas que afrontamos. Y desde los recintos del capitolio nacional, las fuerzas políticas vivas del país han deliberado con alto sentido patriótico a lo largo de los años las leyes que permitan mantener y mejorar la democracia colombiana.
En esta oportunidad, presentamos este segundo número de esta revista, que está llamada a convertirse con el tiempo en un referente de consulta y de construcción de mejores leyes para el beneficio de todos los colombianos.
La revista “Legislación y Prospectiva” tiene un objetivo fundamental: Construir una infraestructura de análisis para el ejercicio legislativo que permita pensar no solamente en la coyuntura actual, sino en el mañana.
Lo prospectivo, entendido como la posibilidad de imaginar escenarios fácticos futuros con alto grado de información, es en últimas lo que representa el ejercicio legislativo mismo: leyes que no se piensen solo para el momento actual, sino para las generaciones venideras y los desafíos que se presenten en el mediano plazo para nuestro país, desafíos que siempre enfrentamos con entereza y patriotismo.
El problema del Estado, y de la rama legislativa, es en últimas, una tarea inacabada: cada momento histórico trae sus retos, y la capacidad de adaptación del sistema político es la que determina su supervivencia.
En ese sentido, un sistema legislativo debe desarrollar la creación de leyes y la orientación de los debates políticos fundamentales con una proyección de futuro, manteniéndose actualizado en las tendencias globales, permitiendo dar respuestas a las grandes incógnitas que demanda la ciudadanía en el contexto del cumplimiento de sus derechos.
En la coyuntura actual, la rama legislativa, como depositaria del constituyente primario, debe liderar las grandes transformaciones que debemos alcanzar en el desarrollo de nuestro proyecto nacional, y que permita el fortalecimiento de nuestra democracia y de la calidad de vida de todos sus habitantes.
Es por esto que este número de nuestra revista Legislación y Prospectiva, producto de la alianza entre el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos y la Universidad Nacional de Colombia, buscó aportar insumos para el trabajo legislativo en tres temas que se encuentran hoy por hoy en la agenda política colombiana y que deben abordarse con la mayor capacidad de resolución: La reforma tributaria, la resolución de la pandemia y la reforma del código electoral.
Respecto al primer tema, la necesidad de construir un consenso en materia de justicia tributaria se ha convertido en una demanda constante de la ciudadanía, lo cual implica la búsqueda de un equilibrio entre los tributos, el gasto del Estado y la capacidad de éste para distribuir lo mejor posible las rentas para afrontar los índices de pobreza y desigualdad que nos agobian. A esto se suma, las consecuencias terribles que ha dejado la pandemia y que están lejos de cuantificarse en toda su dimensión. Necesitamos entonces, nuevas formas de pensar el tema tributario, buscando una reforma estructural en el mediano plazo.
La pandemia nos ha puesto en la necesidad de afrontar el programa de vacunación más ambicioso en la historia de Colombia. Nuestro segundo tema aborda precisamente los desafíos que hemos afrontado, pero no solamente pensando en la lucha contra el Covid-19, sino en la necesidad de encontrar los mecanismos para reconstruir como país nuestras capacidades para afrontar este tipo de desafíos con nuestros propios recursos.
Finalmente, abordamos una de las transformaciones más importantes que ha realizado Colombia en los últimos cuarenta años: el cambio en las reglas de juego del sistema de democracia representativa, buscando mayor equidad, garantías para las minorías políticas y la oposición participación y educación democrática para nuestros jóvenes y transparencia en nuestros resultados. Este proceso nunca termina, por lo que seguramente este importante insumo será la base para nuestra profundización de nuestra democracia.
Esperamos que este número sea un insumo importante para esta nueva legislatura, y sirva al propósito de fortalecer la cooperación entre el Congreso y la academia.
