Este acuerdo dedicado a los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental fue firmado por los veinticuatro países de América Latina y el Caribe que participaron en su negociación entre octubre de 2015 y marzo de 2018, y entró en vigor en abril de 2021 con la ratificación de los primeros once países.

Este acuerdo dedicado a los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental fue firmado por los veinticuatro países de América Latina y el Caribe que participaron en su negociación entre octubre de 2015 y marzo de 2018, y entró en vigor en abril de 2021 con la ratificación de los primeros once países.

Este acuerdo dedicado a los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental fue firmado por los veinticuatro países de América Latina y el Caribe que participaron en su negociación entre octubre de 2015 y marzo de 2018, y entró en vigor en abril de 2021 con la ratificación de los primeros once países.

Este acuerdo dedicado a los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental fue firmado por los veinticuatro países de América Latina y el Caribe que participaron en su negociación entre octubre de 2015 y marzo de 2018, y entró en vigor en abril de 2021 con la ratificación de los primeros once países.

Este acuerdo dedicado a los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental fue firmado por los veinticuatro países de América Latina y el Caribe que participaron en su negociación entre octubre de 2015 y marzo de 2018, y entró en vigor en abril de 2021 con la ratificación de los primeros once países.

Este acuerdo dedicado a los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental fue firmado por los veinticuatro países de América Latina y el Caribe que participaron en su negociación entre octubre de 2015 y marzo de 2018, y entró en vigor en abril de 2021 con la ratificación de los primeros once países.

Para los pueblos indígenas de América Latina los procesos de vacunación constituyen un desafío tanto en territorios urbanos, rurales y remotos por lo cual debe existir procesos de concertación con las autoridades indígenas.

La pandemia ocasionada por la covid 19 ha sido la mayor y más compleja amenaza al abastecimiento alimenticio de la humanidad durante el último siglo.

Hoy, una parte del mundo avanza en los planes para hacerle frente al escenario de emergencia sanitaria por el síndrome respiratorio agudo 2 (SARS-CoV-2) o covid-19, endosado posiblemente a los humanos por transferencia alimentaria (Grupo Acin-Iets, 2020).

La atención a la población pospenada a partir del establecimiento de medidas restaurativas sobre sus derechos se erige como uno de los pilares del sistema criminal, penal y penitenciario colombiano, cuya base y fundamento desde la Constitución Política de 1991.

En la mayoría de los países preocupados por el bienestar social y los beneficios materiales otorgados a sus ciudadanos es muy común ver el dinamismo mostrado en materia de hacienda y economía. Continuamente se hacen cambios, buscando promover e incentivar el crecimiento, desarrollo e incremento de recursos que ayuden a los habitantes de determinado territorio.

El presente artículo aborda el camino recorrido por la Dirección General de Iniciativas del Futuro del Senado en Argentina, una nación que quiso incorporar la prospectiva en sus debates legislativos, desde el surgimiento de la idea, pasando por las diferentes formas que tuvo que adoptar y los resultados obtenidos, hasta su desaparición. Se espera que esta experiencia sirva como aprendizaje con miras a la institucionalización de la prospectiva en América Latina.

La vacunación es una de las intervenciones más exitosas en salud pública como estrategia para fortalecer la inmunidad de las personas, prevenir enfermedades y salvar vidas a través de la activación del sistema inmunitario por medio del contacto con virus vivos atenuados o partes proteicas de los microorganismos generadores de las enfermedades.

No deja de ser paradójico y propio de un país macondiano que ̶ una década después de consagrar en la Constitución la “sostenibilidad fiscal” como un instrumento para garantizar la vigencia del Estado social de derecho y la eficacia de los derechos humanos ̶ un ministro de hacienda haya insistido en la urgencia de realizar una reforma tributaria porque el Estado sólo tenía caja para seis semanas.

El panorama global de vacunación para covid-19 evidencia la desigualdad en el acceso a las vacunas. 83 % de las dosis han sido administradas en países de ingresos altos y medios, mientras que solo el 0.1 % de las dosis han sido administradas en países de ingresos bajos.

En el contexto colombiano, la expresión “reforma tributaria” se ha convertido ̶ a diferencia de otras latitudes en las cuales estas son muy esporádicas y hasta de rara ocurrencia ̶ en una frase constantemente, que se hace realidad en promedio cada 18 meses y, por ello, es un elemento en permanente acción de la gestión fiscal del país.

La emergencia sanitaria generada por la covid-19, que causó el cierre temporal de las empresas y otras complicaciones económicas adicionales, ha llevado al país a un momento crítico respecto a su situación fiscal, el recaudo se redujo un 7 % y el endeudamiento pasó de 52 al 65 % del PIB durante el 2020 (Fajardo y Villabona, 2021).

En diciembre de 2020, el Congreso aprobó el texto de la Ley Estatutaria que promulga un nuevo Código electoral, el cual busca modernizar el sistema electoral para promover la participación ciudadana y democrática en el contexto nacional.

A veces, las obras de ficción y de no ficción se entrelazan de formas sorprendentes y proporcionan claves para comprender nuestra actual situación. En este artículo, muestro muy brevemente la preocupación

La política de sustancias psicoactivas en Colombia se encuentra en pleno debate. El acuerdo de paz, los proyectos de

Colombia, desde 1994, una vez se celebró la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), expidió una estrategia con el objetivo de promover la implementación de energías renovables.

La creación de un sistema de garantía progresiva del derecho humano a la alimentación en Colombia es una de las metas establecidas en el Plan Marco de Implementación de los Acuerdos de Paz

La legislación en salud laboral es uno de los mecanismos mediante los cuales los Estados remarcan la importancia que tiene la salud y el bienestar de los trabajadores

El presente artículo realiza una reflexión en torno al desarrollo del sistema de seguridad social colombiano.

El documento aborda la pertinencia de construir una política nacional de cuidado desde las necesidades, la vulnerabilidad social y el reconocimiento de la mujer como trabajadora del cuidado.

La educación contratada es un tema de mucha importancia por los recursos que se comprometen en cada proceso contractual.

Hay un frecuente argumento empleado por los últimos gobiernos colombianos.

El presente artículo da a conocer las reflexiones que el gremio de terapia ocupacional ha realizado en el marco del proyecto de ley

El presente artículo busca aportar al debate de la matrícula cero para los estudiantes de las instituciones públicas de educación del país.

El impacto coyuntural generado por la reciente pandemia a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (covid-19) ha provocado multitudinarios problemas a nivel mundial

El presente artículo invita a ver normativamente a los sujetos de derecho de especial protección constitucional (discapacidad) desde otro punto de vista.

A mediados de mayo, durante el auge de la crisis por el covid-19, el presidente de la República de Colombia anunció la llegada de tropas extranjeras provenientes de Estados Unidos (EE. UU.) con el fin de apoyar la lucha contra el narcotráfico.

La Ley 30 de 1992 falló al consagrar normativamente una falta de racionalidad y objetividad en la asignación y distribución de los recursos de las universidades públicas.

La pandemia por covid-19 ha tenido un impacto en el mundo del trabajo y en el comportamiento de los riesgos laborales poniendo en evidencia problemas estructurales que demandan una respuesta legislativa y de política pública.

La pandemia del covid-19 llevó a la política y a la economía a una crisis internacional, que, como nunca antes, forzó a los Estados a depender de la obtención de una vacuna para volver a la normalidad.