La pandemia por covid-19 ha tenido un impacto en el mundo del trabajo y en el comportamiento de los riesgos laborales poniendo en evidencia problemas estructurales que demandan una respuesta legislativa y de política pública. La necesidad de garantía de protección de los trabajos esenciales y no esenciales, atender las nuevas realidades del trabajo desde casa y la situación de las licencias por cuarentena, y la protección social de la población en empleo informal demandan poner en la agenda legislativa la elaboración del Estatuto del Trabajo, el rediseño profundo del sistema general de seguridad social y el impulso a políticas económicas de cara a la realidad nacional.

Introducción

La pandemia por covid-19 ha tenido un amplio impacto en la vida social, política y económica del planeta. El rápido avance en su contagio y las elevadas cifras de morbilidad y mortalidad pusieron al desnudo problemas estructurales de los sistemas para garantizar la salud, atender las enfermedades y garantizar la protección social de las poblaciones.

Una de las dimensiones puestas en tensión por la pandemia es la de los riesgos del trabajo y, en general, el impacto de esta situación sobre el mundo laboral. Las medidas progresivas del cierre de fronteras, el distanciamiento social y la cuarentena mostraron la importancia del trabajo en el mundo actual, a pesar de los planteamientos de quienes venían indicando la pérdida de su valor para la sociedad.

El impacto de la pandemia en el mundo del trabajo

Además de poner en evidencia la importancia del trabajo para la operación de la sociedad, la pandemia desnudó las grandes desigualdades e inequidades que se presentan en el mercado laboral y las diferentes problemáticas que sufren grupos de trabajadores y trabajadoras de acuerdo con su condición de empleo (Weller, Gómez Contreras, Martín Caballero y Ravest Tropa, 2020).

En buena medida, los análisis se han orientado al estudio de la pérdida de puestos de trabajo y el impacto en el incremento del desempleo que se deriva del cierre de la actividad social y productiva con las medidas de confinamiento. Las medidas gubernamentales en este aspecto también se han orientado a detener la pérdida de empleos. Sin embargo, la existencia de un gran sector informal en nuestro medio ha mostrado que la afectación de la situación es muy diferente para el empleo formal que para el informal (Dane, 2020).

En el caso del empleo formal, existen subgrupos derivados de las normas de excepción expedidas por el Gobierno nacional. En primer lugar, los denominados trabajadores esenciales, cuya actividad se determinó que no podía parar, ya fuera por ser parte activa de los servicios necesarios para enfrentar la pandemia (sistema hospitalario, seguridad pública) o por tener que ver con la atención de las necesidades de la población (producción y distribución de alimentos, servicios públicos). Un segundo grupo estuvo representado por trabajadores vinculados a actividades que eran susceptibles de ser desarrollados desde casa, a manera de trabajo a distancia mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Un tercer grupo estuvo conformado por aquellas actividades

no esenciales no susceptibles de ser realizados mediante trabajo desde casa, que se vieron forzadas a detener por completo la producción.

Los trabajadores vinculados al sector informal también se vieron afectados de manera desigual, de acuerdo con el tipo de actividades, pero fueron quienes más se resintieron el cierre total, dadas las limitaciones para sortear la situación debido a su precariedad de recursos.

Las implicaciones de esta diversidad de condiciones de empleo y trabajo en la pandemia conllevan diferentes retos. En el caso de los trabajos esenciales, la garantía de la protección a la vida y la implementación de medidas de bioseguridad se estableció como un requerimiento mayor. Sin embargo, la situación puso al desnudo el poco desarrollo de los sistemas de seguridad en el trabajo en clínicas y hospitales, y la existencia de formas precarias de contratación que dejaban en entredicho la responsabilidad de quienes tenían a su cargo el control de los riesgos (Mesa de Trabajo Monitoreo Clínico y Crítico, 2020).

Para quienes adoptaron las modalidades de trabajo en casa, se generaron nuevos retos en términos de la organización del espacio y el tiempo de trabajo, con la sobreposición de las actividades domésticas y laborales. Aquí es donde adquiere visibilidad el conjunto de tareas de cuidado y el impacto desigual para hombres y mujeres, frente a la sobrecarga que implica trabajar desde el hogar. Se ha referido una intensificación y densificación de las actividades laborales mediadas por las tecnologías, así como incremento de los problemas de sedentarismo y de la carga mental, acompañado del incremento de los problemas de violencia intrafamiliar.

Para las empresas y población laboral que conforman el grupo de actividades no esenciales que no se pueden desarrollar desde el hogar, el problema principal se configuró en la garantía del ingreso y la posibilidad de mantener el empleo, siendo posible prever que en este grupo se concentra la mayor cantidad de pérdida de puestos de trabajo, a pesar de las medidas para evitar este fenómeno.

Para la población trabajadora en empleo informal, también el reto mayor viene siendo la garantía del ingreso, y ante la ausencia de medidas como la renta universal de base ciudadana y la limitada cobertura de los subsidios condicionados, en buena medida se ubica aquí la poca eficacia de la cuarentena para contener la pandemia en nuestro medio al tener que buscar esta población alternativas de ingreso, sumado a las precarias condiciones de vivienda para llevar adelante un confinamiento de forma adecuada. Esta situación en las áreas rurales adquiere características especiales, lo cual llama a desarrollar políticas específicas para atender la realidad de campesinos y campesinas.

El sistema de riesgo laborales en el marco de la pandemia

Las funciones adicionales asignadas en la reglamentación de emergencia a las administradoras de riesgos laborales, mediante los decretos 488 y 500 de 2020, implicó que asumieran un papel de agentes complementarios y residuales frente al empleador, en el suministro de elementos de protección personal (epp). Los costos que hasta julio ha asumido el sistema, reportados por Fase colda, contemplan reservas de 51 000 millones de pesos para cubrir 13495 prestaciones asistenciales en salud y 26 pensiones de sobrevivencia (Ponce, 2020, p. 80). Con la medida gubernamental de reapertura de actividades al inicio de septiembre, en medio de la ausencia de control de la pandemia, se puede prever que va a haber un incremento de la presión sobre el Sistema General de Riesgos Laborales.

A manera de conclusiones

La actual crisis generada por la pandemia por covid-19 ha planteado una reflexión acerca de lo fundamental. La vulnerabilidad de una economía que depende del marco internacional, la existencia de grandes desigualdades e inequidades en el mercado laboral, las profundas debilidades del sistema de seguridad social en salud y la fragmentación con respecto al sistema de riesgos laborales llaman a fortalecer una acción legislativa estratégica que aporte a la construcción de la superación de la crisis.

En primer lugar, la actual crisis muestra la importancia de abocar en el Congreso el diseño y promulgación del Estatuto del Trabajo, compromiso asignado en la Constitución de 1991 y postergado hasta el día de hoy, más aún para el escenario de pospandemia, que prevé cambios importantes en el mundo del trabajo que pueden hacer avanzar su precarización.

En segundo lugar, la emergencia desatada por el covid-19 evidencia la necesidad de un modelo de protección social universal, integral y solidario, rescatando su papel estratégico en la capacidad de respuesta a las crisis, que garantice el derecho a la vida, a la salud y a la salud en el trabajo, substrayéndolos del mercado, y a la seguridad económica, por lo cual resulta fundamental un cambio de orientación de las políticas de asistencia social y transferencias condicionadas hacia un modelo universalista de ingreso de base ciudadana.

Finalmente, la agenda legislativa debe superar la fragmentación en el trato de las regulaciones en el plano social y económico, que permita salir de la encrucijada de salud o economía, cuando es claro que no puede funcionar una economía sin una población sana ni puede garantizarse la salud de la población sin una economía sostenible. Aquí vale la pena aprovechar la oportunidad que abre la implementación de los acuerdos de paz en materia de Plan Nacional de Salud Rural en el marco de la reforma rural integral.

Referencias

Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) (30 de julio de 2020). Principales indicadores del merca-do laboral. Boletín técnico Gran Encuesta Integrada de Ho-gares (geih). Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo

Mesa de Trabajo Monitoreo Clínico y Crítico (18 de agosto de 2020). Boletín 003 de monitoreo crítico de las condiciones de bioseguridad. Recuperado de https://www.ascofi. org.co/index.php/487-tercer-boletin-del-monitoreo-critico-de-las-condiciones-de-bioseguridad

Ponce Bravo, G. (2020). El Sistema General de Riesgos Laborales y la covid-19. Revista Fasecolda, 178, 76-81. Recuperado de https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article/view/638

Weller, J., Gómez Contreras, M., Martín Caballero, Á. y Ravest Tropa, J. (2020). El impacto de la crisis sanitaria del covid-19 en los mercados laborales latinoamericanos. Documentos de Proyectos (lc/ts.2020/90). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/45864-impacto-la-crisis-sanitaria-covid-19-mercados-laborales-latinoamericanos