En el contexto de la pandemia y la crisis económica subsiguiente, el gobierno de Iván Duque presentó en el primer semestre de 2021 la anunciada reforma tributaria, contenida en el proyecto de ley 439/2021S, “Por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones”. Dicha reforma se convirtió en el detonante del malestar social acumulado desde 2019, que por los efectos de la pandemia se potenció y estalló en las manifestaciones más grandes y duraderas de la historia reciente de Colombia.
Algunas disposiciones consagradas en el proyecto de ley generaron discrepancias y cuestionamientos que condujeron a analizar su impacto en la población con menos recursos y la clase media, sobre quienes se proyectó el mayor peso de la reforma. En ese sentido, no solo la sociedad manifestó su preocupación e inconformismo, sino que diferentes bancadas y voces en el Congreso de la República ratificaron la importancia de realizar una propuesta adaptada a las necesidades y peticiones de la ciudadanía.
Del partido de gobierno, Centro Democrático, el Senador Ernesto Macías Tovar menciona la necesidad de estabilizar las finanzas del país, golpeadas por la situación coyuntural y social actual, desde una perspectiva transitoria:
[Cita]Lo primero es que el nombre “reforma tributaria” está estigmatizado en Colombia. Lo que se requiere es una ley que facilite estabilizar las finanzas golpeadas por la pandemia y, ahora, por los bloqueos del paro, y que permita financiar los programas sociales hasta diciembre de 2022. Debe ser una norma sencilla que permita recaudar nuevos recursos provenientes de tributos transitorios que pagan los que más ganan —así como lo propuso el Consejo Gremial— y, desde luego, no afectar el bolsillo de la clase media.[Cita]
De la misma manera, la senadora Criselda Lobo, del partido Comunes, menciona la relevancia de proyectar e implementar una reforma tributaria en el país, con similares argumentos a los del senador Macías en cuanto a la línea de acción equitativa:
[Cita]Una reforma tributaria en la que los ricos, los que más tienen, más pagan, esa es la primera. Segundo, una reforma tributaria en la que las exenciones o las gabelas que tienen hoy las multinacionales regresen. Una reforma tributaria que contemple impuestos a las zonas francas, que controle los dineros que salen a los paraísos fiscales, que controle la corrupción en nuestro país, que reorganice el Estado y su estructura. Por ejemplo, actualmente hay 18 ministerios y 14 consejerías que cumplen la misma función de los ministerios y gastan 232 000 millones de pesos innecesariamente[Cita]
La senadora también hace hincapié en la connotación progresiva. Una reforma en la que se contemplen impuestos de acuerdo a la declaración de renta, es decir, a la capacidad adquisitiva:
[Cita]Que se cobre un impuesto, pero que no se cobre cuando usted va a comprar, que no se cobre el impuesto indiscriminadamente a la gente, que se cobre el impuesto de acuerdo a su declaración de renta, es eso. Si usted tiene un salario mínimo en el momento en que va a comprar, que no se le cobre el impuesto, se le cobre cuando va hacer su declaración de renta o va hacer su declaración de bienes, y de acuerdo a ese patrimonio que se tenga sin cobrar un impuesto. Esa es la reforma tributaria que nosotros proponemos y que debe ser porque nos va a permitir reactivar la economía[Cita]
Por último, la senadora Lobo propone contemplar la renta básica para dinamizar la economía y brindar mayor autonomía e independencia a las mujeres, puesto que reactivaría el ciclo económico de oferta y demanda y la capacidad administrativa de las mujeres:
[Cita]La renta básica puede ser temporal, puede ser por seis meses, puede ser por un año, pero hoy más que nunca en la situación que estamos necesitamos una renta básica. Esta nos va a permitir dinamizar la economía, porque si usted tiene para hacer mercado, eso permite circular el dinero. Va a tener para pagar los servicios, por ejemplo, para comprar ropa, y eso es lo que hace que la economía se dinamice y tenga movimiento. Yo estoy por la renta básica universal. Si una mujer tiene un salario de 2, 3, 4 millones, que le llegue también su renta básica porque nunca se va quedar con eso y va a permitir también, sobre todo particularmente a las mujeres, tener un poco más de independencia, porque van a tener su dinero y no van a estar obligadas a vender su fuerza de trabajo. Además, porque las mujeres sabemos administrar los recursos, pero somos salarialmente muy discriminadas y eso tenemos que lograrlo nosotras, el equilibrio salarial y en todo.[Cita]
Por su parte, el senador Israel Zúñiga señala:
[Cita]Las “angustias” fiscales que vive hoy Colombia han hecho que se vuelva a poner de presente los tiempos para lograr objetivos de política pública que se orienten al buen vivir, al bienestar y a una mayor calidad de vida. Aún más, que se orienten a dirimir los conflictos sociales con base en el reconocimiento de los derechos sociales, políticos y económicos de las comunidades populares urbanas y rurales: campesinos, comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes, estudiantes, trabajadores de las economías populares, etc.[Cita]
De este modo, es preciso mencionar que, a pesar de las diferentes posturas de los miembros del Congreso y las distintas bancadas, existen puntos de puntos de convergencia al tratar temas de gran impacto relacionados con la economía del país en una crisis como la actual.
En esta situación es innegable la necesidad de formular un proyecto adaptado a la realidad colombiana. Un contrato social que mitigue las desigualdades, aumente la estabilidad y promueva el progreso del país, cuya base fundamental sea la voz de los ciudadanos y las líneas de acción consolidadas entre los gobernantes.
La expectativa radica entonces en el anuncio de la presentación de la nueva reforma tributaria el 20 de julio de 2021, para la cual por lo demás se ha buscado un proceso de concertación con las diferentes bancadas políticas, que ha incluido socializaciones previas, a diferencia de la reforma anterior. La búsqueda de consensos democráticos, no solo con los partidos, sino también con la ciudadanía, ha marcado este nuevo proceso que, en todo caso, no aspira a lograr una reforma estructural, sino más bien a aumentar la capacidad tributaria del Estado en el corto plazo.
Esto implica que, a futuro, el proceso de reforma deberá contemplar varios elementos evitados hasta ahora: el combate sistemático a la evasión de impuestos, el aumento de la información tributaria, la disminución y desaparición de las exenciones fiscales, el aumento de la tributación a los quintiles más ricos de la población, entre otros.
Por otra parte, este esfuerzo tributario no tendrá legitimidad mientras no haya un combate efectivo contra la corrupción, una mejor focalización del gasto social y una disminución en los gastos sunturarios y de funcionamiento del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Esto, sin disminuir la efectiva representación política y el funcionamiento eficiente del Estado.
Solamente el tiempo dirá si la democracia colombiana ha alcanzado los aprendizajes necesarios y la madurez suficiente para asumir esta tarea.
