La pandemia ocasionada por la covid 19 ha sido la mayor y más compleja amenaza al abastecimiento alimenticio de la humanidad durante el último siglo. En el presente artículo se mencionan algunas de las causas que condujeron a esta situación y se orientan unas posibles y apremiantes políticas para reducir futuros riesgos. Fenómenos derivados de las restricciones laborales y de transporte, las políticas de producción, distribución y comercialización de alimentos amenazaron la disponibilidad alimenticia para toda la población.

En medio de la crisis causada por la pandemia de la covid-19, los colombianos fuimos expuestos a asumir el riesgo biológico de permitir las importaciones de productos que recorrieron kilómetros, mientras para los productores locales la comercialización implicó todo un reto.  Por ejemplo, la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca (Redmac) y gran parte de los mercados campesinos fueron restringidos, mientras los grandes supermercados estuvieron totalmente habilitados. Se evidenciaron condiciones de comercio desigual, que priorizaron los productos importados, a pesar de los riesgos sanitarios que esto implicaba.

Con los tratados de libre comercio, las importaciones de alimentos crecen de forma desmedida, así, en menos de cuarenta años, los colombianos pasamos de la autosuficiencia a la dependencia del sistema agroalimentario industrial, globalizado y corporativo, esto ha causado una crisis sin precedentes al sector agrario nacional y especialmente a los pequeños agricultores. Ejemplo de ello son las movilizaciones sociales campesinas e indígenas cada vez más recurrentes, recientemente, los paperos no puedan comercializar su producto dada la enorme cantidad de papa importada, congelada y precocida. Es incomprensible que, debido a las normas vigentes, es muy difícil para un pequeño agricultor comercializar productos frescos y más aún si son de origen animal, mientras la carne importada, que viaja alrededor de 2500 km (y es almacenada durante largos períodos) es cada vez más frecuente en los supermercados sin mayores cuestionamientos. En Colombia, en 2000 se importaron 5000 toneladas de cerdo (Velásquez, 2013) y para el 2019 fueron 115 000 toneladas (Porkcolombia, 2019).  Frente a la importación creciente de cereales en el país, cerca de 5 millones de toneladas de maíz fueron importadas en 2019. La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (Fenalce) propuso producir granos para consumo local (Vanegas, 2020), pero se requiere voluntad política.  Pese a que en muchos países el neoliberalismo se ha impuesto (Boas y Gans-Morse, 2009), estas situaciones pueden y deben revertirse.

Aristizábal, candidato a doctor en agroecología, llamó la atención sobre cómo las multinacionales de agrotóxicos y semillas transgénicas dominan los agronegocios de maíz, trigo, arroz y soya; para la industria animal y alimentaria, las grandes superficies aliadas promueven el comercio de productos procesados y ultraprocesados basados en harinas, grasas, azúcares, sal y aditivos. Es alarmante como este sistema alimentario globalizado ha aumentado los problemas de obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, algunas de estas empresas son también dueñas de transnacionales farmacéuticas. Dichos alimentos empacados generan basura para lo cual existen trasnacionales gestoras de residuos. Toda esta cadena corresponde a oligopolios respaldados por los bancos, fondos de inversión y los Estados.

Por otro lado, tan graves como el hambre y la desnutrición son los problemas de salud y las tasas de mortalidad (OMS, 2020). Según la FAO (2014), más del 70 % de los campesinos del mundo viven en extrema pobreza y sufren desabastecimiento de alimentos; promover la producción diversificada de alimentos por los agricultores y conectarlos con mercados locales es una necesidad apremiante.

Repensar el derecho a la alimentación en Colombia implica muchas aristas, como advierte Ramírez (2020)  la creación de un sistema de garantías progresivas de este derecho en Colombia sería un hito y, además, esto hace parte del marco de implementación de los Acuerdos de Paz. Para ello, será necesario reorientar la política alimentaria, reconocer a todos los actores, motivar transformaciones institucionales y tener en cuenta la delgada línea entre seguridad y soberanía alimentaria al analizar los proyectos vigentes.

Soberanía o seguridad alimentaria

Las políticas de soberanía y seguridad alimentaria tienden a considerarse como sinónimos, pero son totalmente diferentes. Vía Campesina (Fergal, 2018) concibe soberanía alimentaria como el derecho humano a definir los sistemas alimentarios y agrícolas para satisfacer el hambre con alimentos suficientes, saludables, ajustados a la cultura y obtenidos a través de métodos sostenibles y ecológicos. En contraste, la seguridad alimentaria deja abierto quién produce y controla los medios y permite monocultivos, importaciones kilométricas, uso de agrotóxicos, aditivos alimenticios y multiempaques, entre otros.

         La soberanía da lugar al debate necesario sobre poder, libertad, democracia, igualdad, justicia, sostenibilidad y cultura; mientras la seguridad contribuye a que se incrementen las brechas sociales, empobreciendo aún más a los campesinos. Para la soberanía los alimentos deben ser integrados en contextos sociales, ecológicos, culturales y locales como fuentes de nutrición, subsistencia, significado y relaciones; para la seguridad son mercancías comestibles, no alimentos, priman los costos, precios y ganancias.

Reflexiones mucho más holísticas y complejas hacen parte del pensamiento latinoamericano, con visiones que invitan a decolonizar el pensamiento en miras al bienestar conjunto, por ejemplo, el término suficiencia se refiere a sembrar de todo para comer de todo, Ayllupi Sumac Kawsay (vivir bonito en familia) (Valladolid, 2014) y autonomía al derecho de cada comunidad a controlar su propio proceso alimentario según sus tradiciones, usos, costumbres, necesidades y perspectivas estratégicas, en armonía con los demás seres y con las generaciones venideras (Morales, 2012).

Reflexión final

Colombia carece de un programa agropecuario sólido y coherente para el campo; se percibe una altísima corrupción y gran parte de los gobernantes ignoran las problemáticas del campo. Sin embargo, la proclamación del Año Internacional de la Agricultura Familiar en 2017 y el Decenio Internacional de la Agricultura Familiar 2019-2028 (FAO, 2019) representan oportunidades para la agricultura familiar y comunitaria agroecológica.

Los agricultores y académicos, trabajando unidos por la soberanía alimentaria, lograron en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la aprobación de la Resolución 000464 de diciembre de 2017 por la cual “se adoptan lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria”. La apuesta es avanzar a una ley de la república con los apoyos suficientes para su implementación. Se propone la soberanía alimentaria y la agroecología como el marco por medio del cual el Estado colombiano está llamado a brindar tranquilidad a consumidores y productores, pues la seguridad resulta una alternativa peligrosa e incierta, evidenciada durante la pandemia.

Solamente en 2020, gracias a una larga querella jurídica emprendida por los campesinos de Inza-Tierradentro, el Dane realizó una encuesta de cultura política a nivel nacional, cuyo resultado señaló que cerca de un tercio de la población nacional se reconoce campesina, cifra nada despreciable para impulsar políticas y programas contundentes y tomar medidas para enaltecer la función social de la agricultura familiar.  El campo clama por acceso a la educación de calidad, oferta cultural, salud, vías, comunicación y posibilidades para obtener tierra. El país necesita investigación, legislación y una reforma agraria que dignifique y tenga en cuenta al campo, valore el aporte de las mujeres y ofrezca futuro a sus juventudes.

Referencias

Boas, T. C. y Gans-Morse, J. (2009). Neoliberalismo: de la nueva filosofía liberal al eslogan antiliberal. St Comp Int Dev, 44, 137-161.  https://doi.org/10.1007/s12116-009-9040-5

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (2014). Informe de la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Recuperado de http://www.fao.org/cfs/home/activities/smallholders/en/

Fergal, A. (2018) ¡Soberanía alimentaria ya! Una guía por la soberanía alimentaria (María del Pilar Roda Diez, trad.). Recuperado de https://bit.ly/3qxMqoW

Morales, J. (2012) La soberanía y autonomías alimentarias en Colombia. Revista Semillas. Recuperado de https://www.semillas.org.co/es/la-soberan

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020) Diez datos sobre obesidad. Recuperado de  https://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/

Porkcolombia (2019). Estadísticas interactivas. Recuperado de www.miporkcolombia.co

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2017). Resolución 000464 de diciembre de 2017. Recuperada de https://bit.ly/2IhOH6q

Vanegas, H. (2020). Fenalce reclama por petición de rebaja al arancel del trigo y del maíz. Recuperado de http://fenalce.org/archivos/boletinmarzo2020.pdf

Valladolid, J. (2014) Crianza andina de las chacras y la suficiencia alimentaria. Leisa Revista de Agroecología, 30(4), 13-16. Recuperado de http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol30n4.pdf

Velásquez, C. (2013). Análisis de las importaciones de carne de cerdo y sus subproductos en el mercado porcícola colombiano: una mirada a la luz de los tratados de libre comercio. Recuperado de https://bit.ly/3geMsgU

Sitio oficial de la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos: http://redmercadosagroecologicos.com/Sobre-nosotros/

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