El 7 de julio de 2022 se posesionó el actual gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, quien se hizo elegir con la promesa de reformar el país desde diferentes frentes. En concordancia con esa promesa se radicaron diferentes proyectos de acto legislativo y proyectos de ley en el Congreso de la República que buscaban reformar el código electoral, la tributación y el sistema de salud, así como los derechos de las y los trabajadores, entre otras. Las reformas se enmarcan en la necesidad, que evidencia el Gobierno nacional, de un cambio para el país. Sin embargo, es el Congreso de la República quien da el debate público en sus Cámaras para aprobar o desaprobar dicho cambio.

Las reformas han generado pre- ocupación en algunos sectores del país por el impacto que tendrían sobre la economía o la efectividad de los sistemas (El País, 2023). En Colombia, por ejemplo, la cobertura del sistema de salud ha tenido un crecimiento exponencial. Según cifras del Consejo Privado de Competitividad (2022), en 1995 la cobertura era del 29,1%, y a 2022 el 98,8% de la población se encuentra asegurada en salud. Lo anterior tiene lugar dentro de un sistema de salud que se basa en la competencia de mercado entre las empresas promotoras de salud (EPS) y la transición a un sistema privado. No obstante, la ampliación de la cobertura ha traído consigo otros retos para las EPS en temas de efectividad del servicio prestado. Las barreras para acceder al sistema de salud en Colombia son aún muy altas y van desde la mala atención médica, pasando por la falta de capital humano, hasta la ubicación geográfica. Esto hace que exista un descontento generalizado con el sistema, ya que es un factor clave en la calidad de vida de la ciudadanía. Lo evidenciamos porque, desde el año 2000, el 30% de las acciones de tutela que se interponen son para garantizar el derecho a la salud (Consejo Privado de Competitividad, 2022).

La reforma del Gobierno nacional toma este descontento y lo capitaliza presentando un sistema alternativo para garantizar el buen funcionamiento del sistema de salud. Actualmente, el Sistema General de Seguridad Social en Salud se compone de varios actores: el Ministerio de Salud y Protección Social, que regula el sistema y ejecuta las políticas nacionales; la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que administra el erario público destinado a la salud; las EPS y sus tres regímenes (contributivo, subsidiado y especial), que hacen de intermediarias entre la ADRES y las instituciones prestadoras de servicios (IPS) o las empresas sociales del Estado (ESE) que prestan el servicio. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Salud inspecciona, vigila y controla el funcionamiento del sistema. La reforma plantea, principalmente, un cambio de paradigma sobre la forma en que se presta el servicio. Busca imple- mentar un sistema de prevención con centros de atención prioritaria en salud (CAPS), cuya finalidad será establecer un paradigma preventivo en salud de la ciudadanía. La reforma se propone la transición hacia un sistema de salud sin intermediarios, es decir, que los recursos lleguen directamente a las IPS y ESE.

Por otra parte, la reforma laboral busca recuperar derechos adquiridos de los trabajadores y las trabajadoras que fueron reducidos con la anterior reforma laboral aprobada por el Congreso de la República en el 2002. En este orden de ideas, plantea el aumento progresivo del pago por el recargo del horario nocturno, los fines de semana y festivos que se le pagan a un trabajador en Colombia. La reforma prioriza el contrato a término indefinido y disminuye la tercerización laboral (Ministerio del Trabajo, 2023), con el fin de garantizar la estabilidad y promover la formalización de los trabajadores y las trabajadoras. En el debate público está en cuestionamiento el impacto negativo o positivo que puede tener esta reforma para la ciudadanía. El Gobierno nacional argumenta el avance hacia los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero se contraargumenta, por parte de algunos sectores la posibilidad de promover el desempleo y la quiebra para las micro, pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno nacional impulsa las reformas con el discurso de la igualdad, la equidad y la justicia social para los sectores más vulnerables de la sociedad. No obstante, ha encontrado resistencia a las reformas por parte de gremios, congresistas y ciudadanos. Por ejemplo, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández plantea su preocupación por el escenario de incertidumbre sobre la reforma a la salud:

No darán rumbo hacia un país con mayor equidad e igualdad, porque por lo menos si miramos la reforma a la salud, lo que pretende es entregarle la plata de la salud a los politiqueros en las regiones y también devolvernos treinta años atrás. Un sistema que se ha venido construyendo durante treinta años, que no es el perfecto, que no es el mejor, pero que de todas maneras está mejorable, que se puede construir sobre lo construido. Lo quieren destruir completamente para crear algo completamente nuevo, que no sabemos si vaya a funcionar o vaya a salir perjudicial para el país. (Pulido, 2023)

Lo acompaña el senador David Andrés Luna Sánchez, quien expresa que las reformas están “ideologizadas”, pero que no responden a un debate serio de país:

Evidentemente muchos de los sistemas que tiene Colombia necesitan ajustes, pero no ajustes ideologiza- dos, no ajustes para generar una lucha entre quienes son adeptos al presidente y quienes le hacemos oposición. Lamentablemente las reformas se han convertido en un punto de honor, no permiten el debate, no permiten la discusión y mucho menos la opinión de la oposición. Lo que está logrando particularmente la reforma a la salud es radicalizar al país, y de esa forma al no haber consensos, no habrá mejoras. (Luna, 2023) El senador David Andrés Luna Sánchez se separa de la reforma laboral porque considera que no responde a las necesidades de las y los colombianos: El punto más débil es el que pronunció la misma ministra de Trabajo; no es una reforma para generar empleo, no es una reforma para combatir la informalidad, que son los dos más graves problemas que tiene Colombia. La reforma laboral, lamentablemente, está pensando que en dar unas garantías a unos pocos va a resolverle los problemas a todos. La mejor política social que puede tener un gobierno s la de generar empleo y en ese sentido la reforma no está apuntando a ello. (Luna, 2023).

Empero, el senador Julián Gallo Cubillos se presenta a favor de las reformas del Gobierno nacional bajo el argumento del cambio de paradigma, lo cual considera necesario para el progreso del país:

Sin lugar a dudas, son todas las reformas que uno pudiera llamarlas sociales, se trata de revertir la… el modelo económico neoliberal que se le aplicó a las pensiones, a la reglamentación, digamos, del empleo, del trabajo y también al tema de la salud, de manera que los llevarían, sin lugar a dudas, a una sociedad más equitativa. (Gallo, 2023)

Puntualmente, sobre la reforma a la salud nos dice:

Yo creo que lo fundamental de la reforma es evitar que las EPS sean las que manejen el dinero, que ese dinero les llegue, siendo dinero público, directamente a las instituciones prestadoras de servicios. Me parece que ese es como el filón fundamental de la reforma. (Gallo, 2023)

De esta manera, los senadores de la República evidencian la dicotomía que existe frente a las reformas del Gobierno. Por un lado, la preocupación sobre la incertidumbre que generan los cambios en sistemas fundamentales para el sostenimiento del país, por otro, la necesidad de impulsar un cambio que se traduzca en el progreso y la transición de paradigmas. Estas dos visiones, que se encuentran en el escenario de debate público más grande del país, el Congreso de la República, ponen en función de las dinámicas de la política las promesas del actual presidente.

No obstante, las negociaciones políticas en el primer año del gobierno han tambaleado en razón a la concertación sobre reformas claves. Hubo cambios en el gabinete importantes para mover los pulsos y contra pulsos en favor del gobierno. La gestión de las diferentes carteras en función de las reformas no ha sido del todo satisfactoria, puesto que no lograron el trámite de varias reformas a tiempo, es decir, antes de acabar la primera legislatura.

El escenario para la segunda legislatura presenta interrogantes respecto a la capacidad de negociación en época electoral y la conformación de las coaliciones de gobierno, independencia y oposición en el Congreso de la República. Asimismo, la cercanía del Gobierno nacional con la mesa directiva de ambas cámaras para dar celeridad a sus proyectos en el tiempo necesario para aprobarlos.

En conclusión, la promesa de cambio del gobierno electo en el 2022 tiene contra pesos en las ramas del poder público, y el Congreso de la República es la más importan- te. No hay carta blanca para aprobar las reformas ni votos asegurados en los diferentes proyectos; el Congreso de la República sigue siendo el escenario de debate público por excelencia. Hay importantes preocupaciones por parte de los senadores sobre las reformas que entran al Congreso y del cómo van a salir, así como hay apoyo de varios sectores. El Ejecutivo tendrá la labor de concertar los cambios con la representación del pueblo en las instituciones — como lo es el Congreso de la República— si quiere llevar a cabo la promesa de transformación, transición y cambio con la que fue elegido.