Editoriales

Convergencia por Colombia,
propuestas ciudadanas para construir nación

Dolly Montoya Castaño

Dolly Montoya Castaño

Rectora de la Universidad Nacional de Colombia

Los problemas estructurales que nos han afectado du-rante décadas y que se agudizaron con la pandemia acentuaron las problemáticas económicas, políticas, medioambientales, y las dificultades de acceso a una salud y educación públicas de calidad y al alcance de todas y todos. Las recientes protestas y la incertidumbre social que venimos afrontando hicieron replantearnos nuestras responsabilidades con la sociedad y el planeta.

A partir de un liderazgo colectivo y transformador, universidades públicas y privadas reunimos nuestros conocimientos y experiencias, producto de años de análisis e investigaciones, desarrollados por nuestras profesoras y profesores, estudiantes de pregrado, maestría y doctorado. La actual crisis reafirmó nuestro espíritu de cooperación y solidaridad, para poner a disposición del país nuestro compromiso cívico e institucional y trazar una hoja de ruta capaz de responder de manera propositiva e incluyente a las distintas problemáticas que afronta nuestro país.

A través de Convergencia por Colombia, convergenciacolombia.unal.edu.co/, hemos adelantado una serie de diálogos constructivos con distintos sectores sociales y en diferentes regiones y territorios del país. Le hemos dado voz a las comunidades y con ellas intercambiamos ideas para construir de manera conjunta propuestas capaces de responder a las necesidades de personas que han perdido a sus familias, sus modos de subsistencia y la ilusión de vivir en un país más justo, equitativo e incluyente.

Nuestra iniciativa universitaria se ha concentrado en nueve ejes transversales que corresponden a los problemas más urgentes que hemos encontrado a través de estos diálogos, de manera que podamos darles soluciones a corto, mediano y largo plazo, de la mano de las comunidades y los distintos sectores sociales e institucionales del país.

  1. La Constitución de 1991 es la carta de navegación para el fortalecimiento de nuestra democracia, y en ella están consignados los valores y principios que nos permiten desarrollarnos como sociedad. Sin embargo, una de nuestras grandes deudas históricas, treinta años después de la promulgación de este gran pacto social, es su apropiación y plena implementación.
  2. Uno de los derechos que consagra la Carta Magna
    es el de la protesta social. Las graves violaciones a los derechos humanos que se registraron durante las recientes protestas en nuestro país son un fuerte llamado de atención para que tomemos medidas que nos permitan garantizar este legítimo mecanismo de participación social, y reconocer el derecho a la vida y a la dignidad como principios universales que debemos defender con vehemencia y profunda convicción ética y humanista.

  3. La grave situación climática y ambiental que cada vez se acentúa más en el planeta, y que según diversos estudios científicos será particularmente adversa en países como el nuestro, es una problemática que debemos asumir de manera urgente, con el fin de buscar alternativas a nuestra economía esencialmente extractivista. Establecer un nuevo modelo económico basado en el desarrollo sostenible y sustentable, y una mayor consciencia sobre la importancia de preservar nuestro medio ambiente y las distintas formas de vida es, en síntesis, nuestra propuesta del Pacto por la vida.

  4. La Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015 permitiría corregir muchas de las graves inequidades que presenta nuestro sistema de salud desde hace décadas, con el fin de garantizar el acceso a la salud pública individual y colectiva como un derecho universal. No obstante, las continuas modificaciones que se le han hecho, hacen indispensable su plena implementación, recuperando la esencia que inspiró las urgentes transformaciones de un sistema que privilegia el lucro de empresas particulares por encima del bien común y el interés colectivo, tal como lo evidenció la pandemia.

  • La inequitativa Reforma Tributaria que se propuso en medio de la actual crisis sanitaria, social, económica y ambiental, desencadenó protestas sin precedentes en la historia del país. Nuestra propuesta es la de adelantar un Pacto Fiscal que permita un desarrollo económico y social incluyente, como lo reflejan los países que han alcanzado un mayor nivel de bienestar, gracias a políticas sociales, económicas y medioambientales, que permitan construir un país con igualdad de oportunidades para todas y todos.
  • Los recientes Acuerdos de Paz son reconocidos internacionalmente como un referente de la resolución de conflictos en el mundo. Su plena implementación permitirá avanzar en la consolidación de un paz estable y duradera, indispensable para afrontar los múltiples retos y desafíos que se avecinan. Para ello resulta fundamental sanar las heridas que nos ha dejado el conflicto armado, a partir de la consolidación de un sistema integral que garantice la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de hechos violentos, así como una distribución más equitativa de las tierras para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible y sustentable.
  • Nuestra Constitución consagra a la Educación como un derecho que requiere del esfuerzo y trabajo colectivo entre el Estado y la sociedad, con el fin de garantizar el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los bienes y valores de la cultura. Nuestras universidades tienen el firme compromiso de continuar haciendo realidad estos loables propósitos, de tal manera que cada vez más jóvenes cuenten con una formación integral que les permita hacer parte del sistema de educación superior para desarrollar sus proyectos de vida y aportar sus conocimientos y experiencias a la solución de las problemáticas de sus comunidades, territorios, del país y del mundo.

Llevar la paz de los escritorios a los territorios es un proceso de largo aliento que requerirá del esfuerzo colectivo de todas y todos; para hacerlo posible es indispensable un cambio cultural que nos permita doblar la página de la violencia para encaminarnos hacia una senda de progreso y alcanzar el pleno desarrollo de nuestras comunidades y
de la nación.

La labor legislativa es una responsabilidad cívica que requiere de un profundo conocimiento del país, de sus territorios y de sus distintas realidades. Nuestras
universidades, comunidades académicas y científicas continuamos en la mejor disposición de trabajar junto con ustedes para hacer de Colombia la patria grande con
la que todas y todos soñamos. Una convergencia entre la Universidad y el sector político del país es necesaria como lo muestran los nueve puntos de construcción colectiva de
nación que hemos presentado.

 

Cooperación Congreso y la academia

Gregorio Eljach Pacheco

Director del Centro de Altos Estudios Legislativos (Cael)
Secretario general del Senado de la República

La alianza con la Universidad Nacional y el Congreso de la República a través de CAEL es la unión de dos de las instituciones más importantes de la vida republicana y la construcción de nación en Colombia. Desde las aulas centenarias de la academia, se han buscado diferentes formas de unir el país a través de una academia comprometida con el desarrollo nacional y con la solución de todas las problemáticas que afrontamos. Y desde los recintos del capitolio nacional, las fuerzas políticas vivas del país han deliberado con alto sentido patriótico a lo largo de los años las leyes que permitan mantener y mejorar la democracia colombiana.

En esta oportunidad, presentamos este segundo número de esta revista, que está llamada a convertirse con el tiempo en un referente de consulta y de construcción de mejores leyes para el beneficio de todos los colombianos.

La revista “Legislación y Prospectiva” tiene un objetivo fundamental: Construir una infraestructura de análisis para el ejercicio legislativo que permita pensar no solamente en la coyuntura actual, sino en el mañana.

Lo prospectivo, entendido como la posibilidad de imaginar escenarios fácticos futuros con alto grado de información, es en últimas lo que representa el ejercicio legislativo mismo: leyes que no se piensen solo para el momento actual, sino para las generaciones venideras y los desafíos que se presenten en el mediano plazo para nuestro país, desafíos que siempre enfrentamos con entereza y patriotismo.

El problema del Estado, y de la rama legislativa, es en últimas, una tarea inacabada: cada momento histórico trae sus retos, y la capacidad de adaptación del sistema político es la que determina su supervivencia.

En ese sentido, un sistema legislativo debe desarrollar la creación de leyes y la orientación de los debates políticos fundamentales con una proyección de futuro, manteniéndose actualizado en las tendencias globales, permitiendo dar respuestas a las grandes incógnitas que demanda la ciudadanía en el contexto del cumplimiento de sus derechos.

En la coyuntura actual, la rama legislativa, como depositaria del constituyente primario, debe liderar las grandes transformaciones que debemos alcanzar en el desarrollo de nuestro proyecto nacional, y que permita el fortalecimiento de nuestra democracia y de la calidad de vida de todos sus habitantes.

Es por esto que este número de nuestra revista Legislación y Prospectiva, producto de la alianza entre el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos y la Universidad Nacional de Colombia, buscó aportar insumos para el trabajo legislativo en tres temas que se encuentran hoy por hoy en la agenda política colombiana y que deben abordarse con la mayor capacidad de resolución: La reforma tributaria, la resolución de la pandemia y la reforma del código electoral.

 

Respecto al primer tema, la necesidad de construir un consenso en materia de justicia tributaria se ha convertido en una demanda constante de la ciudadanía, lo cual implica la búsqueda de un equilibrio entre los tributos, el gasto del Estado y la capacidad de éste para distribuir lo mejor posible las rentas para afrontar los índices de pobreza y desigualdad que nos agobian. A esto se suma, las consecuencias terribles que ha dejado la pandemia y que están lejos de cuantificarse en toda su dimensión. Necesitamos entonces, nuevas formas de pensar el tema tributario, buscando una reforma estructural en el mediano plazo.

La pandemia nos ha puesto en la necesidad de afrontar el programa de vacunación más ambicioso en la historia de Colombia. Nuestro segundo tema aborda precisamente los desafíos que hemos afrontado, pero no solamente pensando en la lucha contra el Covid-19, sino en la necesidad de encontrar los mecanismos para reconstruir como país nuestras capacidades para afrontar este tipo de desafíos con nuestros propios recursos.

Finalmente, abordamos una de las transformaciones más importantes que ha realizado Colombia en los últimos cuarenta años: el cambio en las reglas de juego del sistema de democracia representativa, buscando mayor equidad, garantías para las minorías políticas y la oposición participación y educación democrática para nuestros jóvenes y transparencia en nuestros resultados. Este proceso nunca termina, por lo que seguramente este importante insumo será la base para nuestra profundización de nuestra democracia.

Esperamos que este número sea un insumo importante para esta nueva legislatura, y sirva al propósito de fortalecer la cooperación entre el Congreso y la academia.

Legislativa & Prospectiva: Un Compromiso Interinstitucional por una Gobernanza Democrática

André-Noël Roth Deubel

Editor académico Revista Legislación & Prospectiva

La publicación de una nueva revista es siempre un de- safío ante la proliferación de fuentes de información fácilmente accesible por internet y la multiplicación de noticias que circulan por las redes sociales en sus diferentes formatos. Seleccionar la información pertinente y no quedar abrumado por la avalancha noticiosa se ha vuelto el mayor reto. Con la publicación del cuarto número de la Revista Legislación & Prospectiva se ha logrado seguir y consolidar un proceso editorial para una publicación única en el país que asocia un ente político como el Senado de la República con un ente académico como la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Esta iniciativa impulsada por, y que se encuentra bajo la dirección general conjunta del, Dr Gregorio Eljach Pacheco para el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Senado y de la Dra Dolly Montoya Castaño, rectora de la UNAL, se ha ido afianzado como una experimentación de gobernanza editorial original que vale la pena ser fortalecida. A partir de un grupo de académico/as adscrito/as a la UNAL, las colaboraciones se fueron ampliando a otras instituciones académicas del país y del lado del Congreso las colaboraciones también se han incrementado ofreciendo así mayor diversidad en los temas y opiniones.

El objetivo de la prospectiva legislativa que se busca instalar y ahondar en el debate público y político con la Re- vista L&P, es todavía incipiente. Orientar el trabajo legislativo a partir de análisis y opiniones rigurosas desde los sectores académicos y políticos con textos relativamente cortos y en un lenguaje asequible a la ciudadanía sigue siendo una meta valiosa. El concepto de prospectiva es aún poco entendido y practicado en la labor legislativa. Delinear escenarios de futuro para propuestas de políticas públicas y de proyectos de reforma legislativa a partir de informaciones y datos rigurosos y creíbles y en una perspectiva de diálogo abierto es todavía muy excepcional en nuestro país. Los argumentos en pro o en contra de proyectos de ley siguen fundamentándose más en dogmas e ideologías que en reflexiones basadas en una perspectiva pragmática fundamentada en el conocimiento científico

interdisciplinar, saberes locales, análisis contextual pluralista y el diálogo respetuoso. Si bien las audiencias públicas en el Congreso son espacios de participación muy valiosos, es claro que muchos escenarios de participación social suelen transformarse en momentos de formalismo político administrativo que terminan por hacerlos inoperantes y, peor aún, deslegitima el valor de la participación y deliberación democráticas. El vaciamiento de estos espacios termina fomentando aún más la polarización política.

 

El campo académico del estudio de las políticas públicas ha pretendido desde sus inicios promover y legitimar la participación democrática y plural, combinando experticia científica, política, administrativa y social para tomar las mejores decisiones posibles dadas las condiciones específicas de momento y lugar. La prospectiva busca precisamente, a través por ejemplo de la evaluación ex ante de proyectos legislativos, ayudar a ilustrar los posibles escenarios de futuro. Se trata de analizar los posibles impactos de una legislación en momentos previos a su aprobación formal por el ente legislativo y su puesta en ejecución por el ejecutivo. 

Regularmente esta evaluación ex ante en Colombia se ha limitado a considerar los impactos fiscales a corto y mediano plazo de una legislación nueva. La presentación de un proyecto de ley en el Congreso debería ser sustenta- do, no solamente con estudio y aval del Ministerio de Hacienda, sino que debería contemplar estudios prospectivos de impacto en varios ámbitos.

Uno de estos es, sin duda, el ambiente, como ya ocurre con la obligación de presentar un estudio (evaluación ex ante) de impacto ambiental para algunos proyectos. Pero eso es aún una perspectiva muy limitada. En un país como Colombia, azotado por múltiples violencias, indagar por los efectos posibles de los proyectos de ley sobre los derechos humanos y sobre los eventuales impactos en materia de consolidación y profundización de los valores y de las prácticas democráticas permitirían ampliar la deliberación pública más allá de la eficiencia económica.

Las políticas neoliberales de las últimas décadas han privilegiado una perspectiva muy estrecha y a corto plazo, centrada en el interés económico individual, para decidir sobre el valor y la pertinencia de las políticas. Sin duda, es una dimensión importante, pero eso ha también contribuido a la pérdida de valores colecti- vos, contribuyendo a dificultar la construcción de nación a favor de un mayor individualismo y anomía. Por esa razón, es preciso defender el valor público de la prospectiva y reenfocarla hacia una comprensión de la complejidad de los problemas públicos, convocando a miradas pluri e interdisciplinarias, y ser atentos a los efectos posibles de las soluciones propuestas. Es decir, no se puede seguir pensando los problemas públicos y sus soluciones desde una lógica de compartimientos aislados basadas en una sola perspectiva disciplinaria.

Es más, los problemas públicos, en su comprensión con- temporánea y en su resolución, desbordan ya sistemática- mente la división temática tradicional de los ministerios. La necesaria colaboración interinstitucional o intersectorial, tanto horizontal como vertical, no se logra mediante mera incantación discursiva o normativa. Es probable que implica avanzar tanto en una eventual redefinición de los perímetros ministeriales o institucionales desde una lectura renovada de los problemas – los ODS podrían ser un buen punto para una reflexión inicial-, como en una redefinición de la organización y concepción de la labor de la administración pública. En este caso, por ejemplo, se podría privilegiar la evaluación de lo/as funcionario/as basada en su capacidad para desarrollar trabajo colaborativo con otros sectores administrativos y con la sociedad, en vez de favorecer la obediencia y conformidad a las órdenes de sus superiores jerárquicos y el cumplimiento formal de los objetivos de su segmento administrativo. El desarrollo de un ejercicio serio de prospectiva en el campo de la gestión pública, repensando la necesaria solidaridad dinámica entre derecho, administración y política pública, sería muy provechoso. Tal vez el concepto de bioadministración, o ad- ministración para la vida, propuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), constituye un buen comienzo para la construcción de una institucionalidad para una nueva gobernanza democrática.

 

Esperamos que, con este nuevo número de la Revista Legislación & Prospectiva, lo/as lectore/as encuentren motivos para seguir apostando y colaborando con nuestras instituciones públicas para fomentar la reflexión y la prospectiva.

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